La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Nacional firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer y estrechar las relaciones, mediante la cooperación, hacer más eficientes sus capacidades y sus atribuciones institucionales, garantizando una mejor aplicación del ordenamiento jurídico y el robustecimiento de las funciones policiales, en especial las relacionadas con los delitos de alta tecnología, que afectan sensiblemente la seguridad del país.
Con este acuerdo, la DGA se compromete a proveer soporte de infraestructura y tecnología para alojar el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).
Mientras que, la Policía Nacional se responsabiliza a brindar apoyo a la DGA en lo relativo al personal policial que requiera la institución, para ejecutar de manera correcta sus funciones policiales, y la efectiva persecución de los delitos aduaneros, brindando asesoría, personal y acompañamiento constante, en especial a los departamentos: Supervisoría de Seguridad Militar y Policial, Asuntos Internos e Inteligencia Aduanera.
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expresó que el acuerdo de cooperación entre ambas instituciones busca combatir y sancionar a los diferentes vedados que se produzcan en el contexto de la función aduanera, y, sobre todo, “a raíz de las funciones de control que tienen nuestras aduanas en lo relativo a la correcta gestión de la zona primaria aduanera”.
Mientras que el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, afirmó que este convenio servirá de base para ambas instituciones en el combate de los delitos de alta tecnología.
Asimismo, agradeció al Gobierno que encabeza el presidente Luís Abinader y a la DGA, por el apoyo dado a la institución que dirige. “Agradecido siempre”.
Asimismo, la Policía Nacional contribuirá en la formación del personal de Aduanas en materia de crímenes de alta tecnología, proveyendo un programa formativo que deberán agotar, de manera conjunta, ambas instituciones, a través de un centro de educación superior, el Capgefi o cualquier institución de educación debidamente acreditada.
Además, equipar las instalaciones en cuanto a tecnologías, preinstalaciones de punto de red y equipamientos para el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas en lo que respecta el local de referencia, así como el personal humano y colaboradores que tendrán a su cargo el funcionamiento de dicha oficina.
También, tendrá a su cargo el pago de todos los servicios públicos y privados necesarios para la puesta en funcionamiento de la oficina de servicios que será establecida en el local comercial que rentará la DGA. Asimismo, instruirá al personal administrativo de DGA y a los usuarios del referido local, las políticas y normas de uso no solo del inmueble, sino, también, de las instalaciones y áreas comunes del edificio donde se encuentra ubicado el mismo.
Cabe destacar que esta lista es enunciativa más no limitativa, en tal sentido cualquier requerimiento que le sea realizado fruto del alquiler que ha de gestionar DGA agotando para ello los procedimientos dispuestos en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, su reglamento de aplicación y demás normas complementarias, estará en total disposición de colaborar.
El mayor general Eduardo Alberto Then estuvo acompañado por los generales Paul Cordero Montes de Oca, director Central de Investigación (DICRIM); Ramón Ramírez Encarnación, director de Cooperación y Relaciones Internacionales; y los coroneles José René García, director de Asuntos Legales, y Edgar Arnaud Volquez, comandante del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).
